El despliegue de los carteles mexicanos es tan amplio que el Gobierno decretó las pasadas Navidades el estado de sitio en la provincia Alta Verapaz para combatir a los carteles, pertrechados con "un arsenal impresionante", según el ministro de Defensa, general David Munguía. El 60% de control territorial atribuido al narcotráfico fue un dato comunicado a la Subsecretaria Adjunta de Estado de EE UU, Julissa Reynoso, durante un viaje a Guatemala en 2009. El avance de las mafias de la droga en las instituciones habría alcanzado a Carlos Quintanilla, destituido jefe de seguridad del presidente, Álvaro Colom, porque desde su cercanía al Ejecutivo "algunas línea de investigación indican que puede haber sido cómplice de la penetración de Los Zetas (cartel mexicano) en Guatemala", dice un cable de la embajada de Estados Unidos.
Cuando el embajador norteamericano, Stephen McFarland, preguntó a Castresana sobre su colaboración con los cuerpos de seguridad mexicanos en la lucha contra Los Zetas, que controlan los departamentos más extensos, más poblados y de más peso económico de Guatemala, el fiscal español respondió que no confía en ellos. El director de la CICIG prefirió recurrir a la DEA (Agencia Antidrogas de EE UU) de Guatemala para conectar con la DEA de México e identificar a interlocutores mexicanos fiables. "Castresana lamentó que las posibilidad de malograr una operación eran muy grandes si trataba directamente con las autoridades mexicanas".
"Había una trama para matarme"
La lectura de los despachos diplomáticos sobre el trabajo de Carlos Castresana, apoyado por el embajador de EE UU, acreditan sus declaraciones a este diario en octubre pasado: "Había una trama para matarme". Acompañado siempre por 16 escoltas, limitado en sus funciones por políticos, legisladores y magistrados venales, no tardó en entrar en colisión con el Fiscalía General de Juan Carlos Florido, cesado en 2009, al perseguir a gente influyente en una nación sin apenas administración de justicia pues el 98% de los delitos quedan impunes.
Ni siquiera la gente importante tiene garantizado el castigo de los culpables: una pareja adolescente, acompañada por sus hijos, de muy corta edad, fue asaltada por cinco policías de tráfico. Tras robarles, torturarles y violar a la chica, les dejaron ir. "Hasta ahí, el suceso hubiera sido común y nada reseñable", dijo Castresana. Pero resulta que el joven era sobrino de exministro de Defensa, Julio Balconi. Confiados en sus poderosas conexiones, el sobrino y su pareja presentaron una querella criminal contra la policía. "Como venganza, dos o tres meses más tarde, la misma policía secuestro a la joven y a la chica que le acompañaba y las asesinaron", informa un cable . Uno de cada diez policías guatemalteco, de un total de 20.000 está implicado en hechos delictivos, reconocieron fuentes oficiales. Otras fuentes elevan el porcentaje.
Uno de los problemas constatados por EE UU y Castresana es que la mayoría de los testigos capaces de facilitar las sentencias condenatorias son, a su vez, criminales. La CICIG tampoco dispone de elementos para pinchar teléfonos, ni personal que vigile la entrega de alijos, ni otros elementos imprescindibles, como es un programa de protección de testigos seguro. "Solo algunos países, Uruguay, Costa Rica y Cuba, parecen estar seriamente dispuestos a recibirlos".
300.000 armas fuera de control y 6.000 asesinatos anuales
La sospechosa liberación judicial del expresidente Alfonso Portillo (2000-04) en 2008, tras su extradición desde México ese mismo año, constató la fragilidad del Estado de Derecho en una nación de 14 millones de habitantes, 300.000 armas fuera de control y 6.000 asesinatos anuales. La permanencia de la CICIG en Guatemala también corrió peligro ya que "personas poderosas que están siendo investigadas" querían su expulsión. El fiscal español comentó al embajador detalles sobre la captura de Portillo, en libertad condicional durante casi cuatro años, cuando trataba de huir a Belice.
Portillo, acusado de malversación de fondos públicos por más de 15 millones de euros, fue detenido el 26 de enero de 2010 en una operación de la CICIG, la marina, la policía nacional, la Fiscalía General y helicópteros norteamericanos. Escondido en seis casas de seguridad durante años, fue capturado, según los cables, cinco minutos antes de que embarcara en una lancha rumbo a Belice, con la ayuda del guardaespaldas asignado por el Estado. Portillo prefirió ser procesado en Guatemala, donde el pasado 14 de febrero se reanudó el juicio en su contra, antes de ser entregado a EE UU, amenazado por una condena de entre 10 y 20 años de cárcel por lavado de dinero.
Castresana advirtió a la embajada que la vida del exgobernante peligraba en Guatemala porque un poderoso grupo de exjefes militares conocidos como La Cofradía, sospechoso de narcotráfico y otros delitos, "aliados con Portillo cuando era presidente, para enriquecerse con millones (robados) del Estado, podrían intentar su asesinato a fin de asegurarse que no colabore con las autoridades guatemaltecas o estadounidenses". Como el juicio podrá durar mucho tiempo, el fiscal español no descartó que consiguiera escapar de la prisión.
Activismo contra la impunidad
Los despachos diplomáticos citan asesinatos sin resolver, funcionarios impunes, magistrados bajo sospecha en la Fiscalía General de Juan Carlos Florido, pero también reseñan el activismo de la embajada estadounidense y del director de la CICIG en la aprobación de nombramientos y de leyes nacionales contra la impunidad. "Colom había dudado en aprobar las medidas debido a la fuerte resistencia de su consejero general, Carlos Larios Ochaíta. Sin embargo, en el último minuto, una reunión con el embajador y el comisionado Carlos Castresana convenció a Colom de firmar el proyecto de ley en ley . El episodio demuestra la pobre coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo", escribe Stephen McFarland, que alude a "la rampante corrupción en el Estado guatemalteco".
El diplomático escribió a Washington que "la credibilidad de Castresana sufrió un golpe cuando el Congreso desestimó sus objeciones (argumentando falta de probidad) contra ocho (de los 26) candidatos al Tribunal Supremo, porque solo aportó evidencias mínimas". Hace dos años, el fiscal español al frente del CICG trasladó al jefe de la embajada su percepción sobre del país centroamericano: la aplicación de la ley no existe y la CECIG, en cierto sentido, lo que hace es practicar la autopsia de unas instituciones ya difuntas .
El Pais, JUAN JESÚS AZNÁREZ - Madrid
